La aprobación de CISPA legalizará el espionaje ciudadano.

La Ciberseguridad

CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act) se da una nueva vuelta de tuerca a las conocidas pretensiones de control ciudadano en EEUU. Una legislación que, al tratar el tema de la ciberseguridad termina por hacerse extensiva a todo el mundo.

Esta semana finaliza el proceso de enmiendas y pasa a ser votada. Esta Ley supondría el fin de la Neutralidad de Internet y una conculcación de derechos y privacidad de toda comunicación electrónica. La propia libertad de expresión podría ser fiscalizada sin garantías.

La próxima aprobación de CISPA legalizará el espionaje ciudadano.

La vieja retórica de la seguridad es una herramienta bien conocida por los gobiernos para hacer comulgar a la ciudadanía con cualquier pretensión legal. En este caso, EEUU vuelve a la carga con una modificación de CISPA, mucho más dura que lo que se presentara en su tramitación original. Citar ciertas palabras como "terrorismo", sirve como palanca intelectual para silenciar cualquier oposición al proyecto, como si oponerse a una ley desproporcionada y absurda nos situara junto a supuestos "ejes del mal". La insistencia en sacar adelante el espionaje ciudadano ha pasado por varias fases en las que el rechazo popular ha sido una constante. En cierto modo, ACTA y PIPA, apuntaban en direcciones similares, aunque con excusas distintas, como la piratería.

CISPA

Permitiría, entre otras cosas, que compañías privadas interviniesen nuestras comunicaciones sin orden judicial, a petición de la Agencia Nacional de Seguridad o El Departamento de Defensa entre otros. Esto significa que nuestros correos electrónicos y otras comunicaciones pueden ser intervenidas directamente, sin mediación ni restricción legal alguna. Una policía de Internet al servicio de unos intereses nada claros que podría ejercer una fiscalización permanente de las comunicaciones de quien le interese. Cualquier cláusula de privacidad como hoy las entendemos en redes sociales, aplicaciones o gestores de correo entre otros quedaría conculcada por la vía de los hechos. Ni siquiera se podría exigir responsabilidades por un uso inadecuado de nuestros datos.

La experiencia ya ha demostrado que estas agencias de seguridad norteamericanas no ejerce sus esfuerzos donde teóricamente debieran. Las oficinas surgidas al calor de la "Patriot Act" y la “Homeland Security", justo después de los atentados del 11S, demostraron pasados varios años, su incapacidad para perseguir el terrorismo y sí la permanente conculcación de derechos de cuidadanos inocentes y el espionaje a activistas de moviminetos sociales. Ahora se pretende dar carta de naturaleza a este despropósito, permitiendo que no sea necesaria una excusa concreta, una autorización judicial, para poder intervenir las comunicaciones de forma abierta, con un respaldo legal.

El presidente de EEUU tiene la posibilidad de ejercer su derecho a veto. Caso contrario, la mayoría republicana y el alineamiento actual de la cámara junto al potente lobby que la apoya darían como resultado su aprobación final. Esta más que probable aprobación dejaría al presidente Obama como único obstáculo posible a la consecución de dicha ley. Las declaraciones por parte de la Casa Blanca apuntaban a que existían serias objeciones a propósito de las garantías personales respecto a la intervención de empresas privadas de las comunicaciones ciudadanas. El proceso de enmiendas no consiguió corregir los aspectos más destacados al respecto, como se esperaba por parte del gabinete Obama.

En Estados Unidos las prácticas de lobbismo están reguladas legalmente. Así podemos ver cómo estas agrupaciones de intereses mantienen una relativa actividad pública. Ese es el caso del grupo de presión Technet, que acoge a una parte importante del sector tecnológico. Resulta curioso observar el movimiento a favor de esta ley por parte de este lobby. La apelación a una regulación en torno a la seguridad en la red no deja de situarse en la retórica ambigua tan repetida por los que buscan algo más difícil de explicar abiertamente. Poder pasar por encima de cualquier cláusula de restricción o privacidad es demasiado atractivo para compañías cuyo modelo de negocio se nutre de esos datos. En este sentido se podría explicar cómo Google, Facebook o Yahoo no tienen empacho en situarse a favor.